En Sesión de Pleno se aprobó la reforma a la Constitución federal para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.- En Sesión Ordinaria del Pleno de la LXI Legislatura, con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, ya que la experiencia del proceso electoral judicial de 2025 confirmó la viabilidad del nuevo modelo y, al mismo tiempo, mostró la conveniencia de precisar reglas Constitucionales que garanticen el establecimiento de tiempos idóneos para el proceso electoral; la gestión comprensible del voto ciudadano mediante una reducción sustancial del número de candidaturas; la simplificación del ejercicio del sufragio; y la adecuada operación de los Comités de Evaluación para garantizar, la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a la función jurisdiccional.
Por lo que, por medio de esta reforma, la votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal para elegir a quienes conformarán el Poder Judicial en el estado, se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
El diputado Homero Barrera señaló que esta reforma engloba el reconocimiento de algunas complicaciones que representó en su momento la reforma original de 2024, aun cuando tiene la virtud de que genera reglas más claras para la implementación de la reforma judicial, además de que brinda mayor claridad respecto de los procedimientos y mecanismos de implementación.
Además, con 14 votos a favor y 9 en contra, se aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Inciso A la base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, toda vez que el contexto actual y las experiencias recientes en la región de América Latina han evidenciado el riesgo creciente de que actores extranjeros intenten influir en los resultados de las elecciones nacionales, desafiando la voluntad de la mayoría por vías extralegales.
La intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, todas ellas conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado.
Al introducir esta causal en el nivel Constitucional, la intervención o injerencia extranjera quedaría incorporada al sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes. De esta manera, el Tribunal Electoral contaría con una base Constitucional expresa para valorar, caso por caso, si la injerencia externa afectó de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.
La diputada Adriana Meza, consideró que esta reforma no define con precisión cómo debe entenderse la nueva causalidad de nulidad por intervención o injerencia extranjera, ni establece criterios claros, por lo que su voto será en contra.
La diputada Claudia Díaz dijo que esta iniciativa fortalece los mecanismos de protección de la soberanía popular y la independencia de los procesos democráticos, estableciendo que la injerencia extranjera debe ser considerada una violación grave al orden constitucional electoral.
Por su parte, la legisladora Teresita calzada reflexionó que la redacción de esta reforma es ambigua, tramposa, con engaños y falsa ya que no está bien establecida la definición de intervención o injerencia y se pueden generar condiciones para que, cuando al partido en el poder no le favorezcan los resultados en 2027, tengan una herramienta a favor.
El diputado Arturo Maximiliano García aclaró que la reforma ya es vigente en la Constitución federal, además de que informó que existe una relación muy clara de los supuestos y uno de ellos es la “determinancia”, es decir, que la intervención si pueda acreditar que fue determinante para variar el resultado de una elección.
Asimismo, Homero Barrera, razonó que esta nueva causal de nulidad en elecciones ante la intervención o injerencia extranjera por violaciones graves y que influyan en los resultados electorales, es una herramienta que elimina una laguna técnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante este tipo de intervenciones.
La legisladora Juliana Hernández observó que esta reforma tiene una tendencia autoritaria queriendo debilitar a las instituciones y dividir los gobiernos, ya que censura y establece incertidumbre jurídica en las instituciones, aclaró que en México se quiere soberanía, pero tampoco se quiere que el crimen organizado decida y esté coludido con el gobierno.
Laura Andrea Tovar explicó que la soberanía es que en México decidan los mexicanos y no que intervenga otro país para salvarnos. Por lo que no se debe permitir que ningún gobierno venga a imponer absolutamente nada, pues no les corresponde.
El legislador Eric Silva dijo que el tema del no intervencionismo es muy necesario, ya que tan sólo en nuestro estado, empresarios extranjeros explotan el agua de los queretanos y los empleos que ofrecen a los ciudadanos ni siquiera son bien remunerados.
El diputado Guillermo Vega aclaró que están en contra de la injerencia extranjera, pero este decreto no incluye como causal de nulidad de una elección, la utilización del dinero del narcotráfico. Dijo que se quiere castigar la utilización del dinero extranjero, pero está protegiendo el dinero del narco, por tal motivo se votará en contra.
En otro punto del orden del día, los legisladores aprobaron el Dictamen de la Iniciativa que elimina la condición de validación de boletos para la exención de pago en estacionamientos de plazas comerciales. Esta reforma no busca eliminar una fuente válida y regulada de recursos, sino armonizar sus prácticas con estándares mínimos de eficiencia, accesibilidad y respeto a los derechos de los consumidores, sumado al hecho de que la transparencia en las condiciones de acceso y uso de los estacionamientos es un elemento esencial para la protección de los derechos de los consumidores.
Esta medida no restringe la posibilidad de los prestadores del servicio de estacionamiento de establecer tarifas ni de percibir contraprestaciones una vez concluido el periodo de gratuidad, limitándose únicamente a prohibir requisitos operativos innecesarios para acceder a beneficios previamente ofrecidos al público.
El diputado Enrique Correa explicó que se busca que las dos horas de estacionamiento gratuito en las plazas comerciales, se ejerzan como un derecho real, sin condiciones por medio de la validación, así se garantizará que el derecho de los consumidores sea una realidad, ya que esta gratuidad es una obligación y debe ejercerse sin complicaciones.
Asimismo, se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se fomenta la donación de alimentos. Esta legislatura exhortó al titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de las dependencias y entidades competentes, implemente, fortalezca y coordine acciones, programas y mecanismos de colaboración con los sectores sociales, privado y de asistencia social, orientados a fomentar e incentivar la donación de alimentos aptos para el consumo humano, así como su recuperación, aprovechamiento y distribución en beneficio de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, privilegiando su canalización a personas y grupos de atención prioritaria.
Toda vez que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado confiere a las dependencias de la administración pública estatal atribuciones en materia de desarrollo social, atención a grupos de atención prioritaria y combate a la pobreza, por lo que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que impulse acciones coordinadas que favorezcan el aprovechamiento y distribución de alimentos susceptibles de donación.
Que la donación altruista de alimentos constituye un mecanismo de solidaridad social que contribuye simultáneamente a la reducción del desperdicio alimentario, a la protección del medio ambiente y al fortalecimiento del derecho humano a la alimentación, por lo que resulta procedente exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para impulsar acciones que promuevan su implementación y fortalecimiento en beneficio de las personas y grupos de atención prioritaria.
La diputada Teresita Calzada expuso que el garantizar alimentos es un reto constante por lo que resulta necesario realizar acciones que permitan la disminución del rezago alimentario, así como el desperdicio de estos, por lo que se propone que este tipo acciones formen parte de la agenda que como servidores públicos se impulsen como un elemento fundamental para el ejercicio de los derechos de todos.
Por su parte Homero Barrera razonó que este acuerdo no se trata solo de promover la donación de alimentos, sino de construir mecanismos de solidaridad hacia las personas que más lo necesitan y para las familias que enfrentan carencias alimentarias todos los días; además de que una parte importante de alimentos producidos terminan siendo desechados.
Con 8 votos a favor y 12 en contra, se rechazó el Dictamen de la Iniciativa de Exhorto a la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que en el ámbito de sus atribuciones consideren la ampliación e incorporación de nuevos polígonos de actuación para el desarrollo de vivienda en el Estado.
Este exhorto busca que las instituciones y autoridades en el ámbito de sus facultades consideren la ampliación e incorporación de nuevos polígonos de actuación para el desarrollo de la vivienda en el Estado de Querétaro, en particular en los municipios con mayor carencia por calidad y espacios en la vivienda, con la finalidad de garantizar este derecho a todas las personas.
La atención de las necesidades habitacionales constituye una responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación institucional que permitan identificar suelo apto para vivienda, impulsar infraestructura básica y ampliar la oferta habitacional para la población de menores ingresos.
La diputada Tere Calzada dio a conocer los polígonos de actuación ya llevan más de una década que no se actualiza y algunos municipios lo está solicitando, pues se requiere construir viviendas, pero considera que hay incertidumbre ya que los beneficiados pueden ser ciudadanos de otros estados y no necesariamente de Querétaro, por lo que estará pendiente de la lista de favorecidos.
El diputado Enrique Correa informó que en Querétaro se tienen poco más de 40 mil créditos del Infonavit congelados que no se pueden usar porque las reglas del gobierno federal imponen a las entidades están asfixiando a Querétaro al no ampliar los polígonos de desarrollo y se está impidiendo que se construya vivienda social a un precio justo y accesible.
Por último, la diputada Andrea Tovar indicó que ya se están llevando a cabo proyectos de construcción de vivienda social en el estado en coordinación con el gobierno federal, y los polígonos a los que aluden, solamente son para el municipio de Peñamiller.
