Aprueban en comisiones de la LXI Legislatura dictamen de reforma judicial en Querétaro; elección se realizará en 2028

La propuesta armoniza la Constitución estatal con el modelo federal, establece nuevos mecanismos de evaluación y selección de candidaturas, y contempla medidas para garantizar la continuidad de la función judicial.

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2026.– Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobaron el dictamen de reforma judicial que contempla modificaciones a la Constitución Política estatal, entre ellas el traslado de la elección judicial a 2028, nuevos criterios para la selección de candidaturas y ajustes en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Durante la reunión de trabajo, encabezada por el diputado Guillermo Vega Guerrero, se informó sobre las consideraciones recibidas por parte de los ayuntamientos del estado, como parte del proceso legislativo. De los 18 municipios notificados, Amealco de Bonfil, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tequisquiapan y Tolimán enviaron respuesta dentro del plazo establecido, manifestando no tener observaciones al dictamen.

El presidente de las comisiones unidas explicó que la propuesta incorpora adecuaciones derivadas de la reforma federal, con el propósito de armonizar las disposiciones estatales con el nuevo modelo constitucional y brindar certeza a la transición judicial.

Entre los principales puntos del dictamen destaca que la elección de personas juzgadoras se realizará el primer domingo de junio de 2028, en coincidencia con el proceso federal, mientras que quienes resulten electos rendirán protesta el 1 de octubre de ese mismo año.

Asimismo, se contempla la creación de comités de evaluación integrados por cinco personas en cada uno de los poderes del Estado. Sus coordinaciones conformarán una comisión para homologar requisitos, exámenes y criterios de selección. Cada comité evaluará cuatro perfiles por cargo y, mediante insaculación pública, reducirá las candidaturas a dos, bajo criterios de paridad de género.

La propuesta también establece reglas para la postulación de candidaturas: el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular; el Poder Legislativo requerirá el respaldo de dos terceras partes de sus integrantes, y el Poder Judicial necesitará nueve votos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

En materia de administración y disciplina judicial, se plantea que el órgano de administración judicial esté integrado por cinco personas: una designada por el Poder Ejecutivo, una por el Legislativo y tres por el Poder Judicial. Además, se contempla un tribunal de disciplina encargado de evaluar el desempeño y promover la capacitación permanente.

Otro de los aspectos relevantes es la continuidad del servicio de impartición de justicia. Para ello, las personas juzgadoras en funciones permanecerán en sus cargos hasta el 30 de septiembre de 2028 y se establecerán mecanismos provisionales para cubrir las vacantes existentes, además de extenderse hasta esa fecha la presidencia actual del Poder Judicial.

Durante la discusión, el diputado Eric Silva Hernández reconoció la apertura y el diálogo entre las fuerzas políticas para construir un dictamen conjunto, al tiempo que anticipó su voto a favor. Por su parte, Homero Barrera McDonald destacó la importancia de adecuar la legislación estatal a los cambios constitucionales federales.

En tanto, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez señaló la relevancia de atender las vacantes existentes en dos salas del Poder Judicial, así como de establecer mecanismos temporales que permitan mantener la continuidad de sus funciones.

Finalmente, Guillermo Vega Guerrero señaló que el siguiente paso será trabajar en las reformas a las leyes secundarias, para lo cual se prevé continuar con mesas de diálogo y coordinación institucional.

Con la aprobación del dictamen en comisiones unidas, la propuesta legislativa avanza en el proceso de armonización constitucional del estado de Querétaro en materia de reforma judicial.